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Acceso a la información pública: hay razones para celebrar

El 28 de septiembre se conmemora en todo el mundo el Día Internacional del Derecho a Saber. Pero sólo 119 países tienen razones para celebrar: son aquellos que cuentan con una ley que garantice el ejercicio efectivo del acceso a la información pública. Ahora, nosotros también podemos.

Si bien la primera norma que regulaba el derecho en nuestro país es del 2003, recién en 2016 -y luego de 15 años- la Argentina sancionó una ley de acceso a la información pública. El avance en el reconocimiento y la implementación del derecho en el país es inversamente proporcional al tiempo en que se tardó en sancionar la ley.

En sus dos años de vigencia, se han aplicado medidas concretas que facilitan el acceso a la información en la mayoría de los poderes del Estado y en sus órganos constitucionales.

Hoy, las personas cuentan con un trámite claro, simple y gratuito para solicitar información al Estado. Se puede realizar de manera presencial, sin formalidades, patrocinio, ni exponiendo los motivos para realizar el pedido.

En el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional se puede solicitar información mediante la plataforma Trámites a Distancia, con el único requisito de ingresar con el número de DNI. También, se reciben solicitudes vía correo electrónico con el entendimiento de que el ejercicio del derecho no es algo estático, cambia con los adelantos tecnológicos y con las nuevas formas de interacción que proponen los Estados.

El Poder Ejecutivo Nacional y organismos descentralizados han recibido, desde que hay ley, cerca de 8.000 solicitudes, casi 7 veces más de lo que recibieron hasta septiembre 2017. La ciudadanía responde cuando las políticas públicas se piensan en función de sus necesidades.

Pero todas estas formas simplificadas de acceder a la información serían de poca utilidad si no obtuvieran respuesta. Para ello, la ley estableció plazos y procedimientos para que la información sea oportuna. Es decir, que sirva para quien la solicita. Hasta la entrada en vigencia de la norma, los plazos de respuesta promedio superaban los 30 días. Para agosto de 2019 este plazo bajó a más de la mitad: se responde, en su mayoría, dentro del período establecido por ley, 15 días hábiles más una prórroga de otros 15.

La AAIP como órgano garante

Con el fin de velar porque todo esto funcione, la ley creó órganos garantes. En el PEN es la Agencia de Acceso a la Información Pública quien se ocupa de que la administración pública central, la descentralizada y las empresas del Estado, entre otros, apliquen correctamente la ley.

Para ello se fortaleció la red de responsables de acceso a la información pública en los ministerios y se crearon nuevas en otros sujetos obligados. Así, mediante la capacitación y el intercambio de experiencias existe una comunidad de empleados y funcionarios comprometidos con el ejercicio del derecho de acceso.

Uno de los puntos más novedosos de la ley argentina fue la incorporación de obligaciones de transparencia activa. Esto es, publicar de manera anticipada la información que es solicitada frecuentemente. Para mayo de 2018 todos los ministerios y secretarías de gobierno contaban con un menú de 16 ítems publicados en sus páginas web. Desde el organigrama, las declaraciones juradas, pasando por el presupuesto asignado y ejecutado hasta los listados de beneficiarios de subsidios, se publican de manera proactiva y actualizada. El cumplimiento de estas disposiciones es superior al 90%.

Sin embargo, deben garantizarse mecanismos sencillos para reclamar ante posibles incumplimientos. La Agencia es, además, quien resuelve los reclamos administrativos cuando el Estado deniega información pública. Este órgano, por ley, es independiente, autónomo y autárquico y sus opiniones son vinculantes. Es la máxima autoridad en la materia y quien fija los criterios de interpretación de la norma. Hasta la fecha, recibió y resolvió más de 500 reclamos.

Ya pasaron dos años. Es válido preguntarse si llegamos al objetivo y si cumplimos con la meta. La respuesta no es lineal. Hemos avanzado en el reconocimiento del derecho de tal forma que podemos sentarnos a debatir políticas de acceso a la información con los países que ya tienen una historia en la garantía de este derecho. Con satisfacción podemos afirmar, también, que hoy estamos mejor que ayer, y que muchas solicitudes realizadas al Estado han servido a quienes las realizaron.

Pero el diseño e implementación de esta política pública requiere tiempo, esfuerzo, voluntad política y recursos. Es un proceso de construcción colectiva: desde la administración pública debemos seguir trabajando para responder más y mejor, y desde la ciudadanía deben seguir internalizando la existencia este derecho que sirve para controlar al Estado, para conocer información, pero sobre todo para ejercer otros derechos.

Eugenia Braguinsky es Directora Nacional de Acceso a la Información Pública (AAIP) e Inés Selvood, experta en Transparencia y Acceso a la Información Pública

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