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Aceptaron la renuncia del juez Soto Dávila y podría ser detenido por beneficiar a narcotraficantes

El juez Soto Dávila (foto de archivo)
El juez Soto Dávila (foto de archivo)

El gobierno nacional aceptó este viernes la renuncia del juez federal de Corrientes, con competencia electoral, Carlos Soto Dávila, procesado como jefe de una asociación ilícita que les cobraba coimas a narcotraficantes para beneficiarlos con sus libertades u otras resoluciones judiciales. Con esta decisión, el ahora ex magistrado quedó en condiciones de ser detenido. Su defensa busca evitarlo.

La decisión fue oficializada en el Boletín Oficial. "Que el señor doctor Carlos Vicente Gustavo Soto, ha presentado su renuncia al cargo de JUEZ DEL JUZGADO FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA N° 1 DE CORRIENTES, PROVINCIA DE CORRIENTES. Que es necesario proceder a su aceptación", dice el decreto firmado por la vicepresidenta Gabriela Michetti y el ministro de Justicia Germán Garavano.

Apenas se concretó la firma del decreto, la defensa de Soto Dávila pidió la eximición de prisión ante el juez federal Sergio Torres y evitar así su detención, indicaron a Infobae fuentes judiciales. Se presentaron además estudios médicos por su condiciones de salud (tiene 71 años) con el objetivo de que se le dé el beneficio de prisión domiciliaria, en caso de que se dispone su arresto.

En diciembre, el juez federal Sergio Torres, dispuso el procesamiento de Soto Dávila con prisión preventiva. "El grupo criminal, al menos desde el año 2010 y hasta la fecha, habría coordinado su accionar para que, en las causas o asuntos sometidos a la competencia de aquellos funcionarios públicos, sean dictadas resoluciones o se omitan o demoren las que debían adoptarse, con la finalidad de beneficiar a las personas sospechadas de haber intervenido en actividades de narcotráfico, a cambio de la percepción de dádivas o cualquier otro tipo de beneficio o promesa indebida de su parte", sostuvo el juez.

El juez Sergio Torres (foto de archivo: Patricio Murphy)
El juez Sergio Torres (foto de archivo: Patricio Murphy)

Junto con Soto Dávila fueron procesados los secretarios del juzgado de Corrientes Pablo Molina y Federico Grau, los abogados Duylio Barboza Galeano, Gregorio Giménez, Tomás Viglione, Jorge Vallejos y Omar Serial, y el ex intendente en los 90 de la localidad correntina de Empredrado Juan Manuel Faraone. Todos están presos desde principio de mes en cárceles federales excepto uno de los abogados que declaró como arrepentido y luego fue liberado (su identidad se mantiene en reserva por cuestiones de seguridad). Serial y Faraone ya estaban detenidos en una causa por narcotráfico.

La prueba central de los procesamientos fueron escuchas telefónicas, la declaración de siete arrepentidos y de tres testigos de identidad reservada y el análisis de las resoluciones de Soto Dávila en las causas de narcotráfico. De allí surgen fallos contradictorios con la prueba de las causas y con valoraciones distintas de otros expedientes ante los mismos hechos. Además, la contemporaneidad de los beneficios con los pagos de las coimas que declararon los arrepentidos.

La Cámara Federal se encontraba analizando el procesamiento dispuesto por Soto Dávila. El Consejo de la Magistratura también tenía previsto analizar las acusaciones contra el magistrado. En el entorno del juez insistieron en la falsedad de las acusaciones en su contra y en la idea de un complot para quedarse con el control del juzgado, con competencia electoral.

El juez decidió presentar su renuncia el viernes pasado. La defensa planteó que eso y el comportamiento procesal de su cliente "muestra su total disposición al haber renunciado a sus fueros a someterse al a justicia, circunstancia que a las claras torna abstracta cualquier apreciación sobre peligros procesales por parte de mi defendido", dice el escrito al que accedió Infobae.

"Peligros procesales que con el imputado en libertad, detentando hasta la fecha su carácter de juez jamás se evidenciaron ya que no solamente no entorpeció la investigación en ninguna de sus forma sino que siempre estuvo a derecho y se presentó cuantas vece fue requerido", sostiene y añade: "La circunstancia de haber renunciado voluntariamente a su cargo y a sus fueros determinan su ejemplar comportamiento".

Además, la defensa acompañó la presentación con informes médicos sobre su cuadro de estrés e hipertensión y los informes psicológicos e hizo hincapié en que tiene 71 años para evitar la cárcel.

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